La actividad económica inherente al sector privado es la que garantiza el mantenimiento del Estado del Bienestar y la sostenibilidad de los servicios públicos. Por este motivo, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe ampliar las partidas destinadas al fomento de la actividad económica y la creación de empleo. El mantenimiento del Estado del Bienestar debe ser compatible con la asignación de mayores recursos para inversiones que dinamicen el sector privado y promuevan el desarrollo de la economía regional.

Para superar totalmente la actual situación de crisis económica se precisa la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo que propicie la creación de empleo de calidad, basado en el talento y la innovación, para lo cual se requiere que el Gobierno Regional provea los recursos públicos necesarios y que también se sume a este objetivo el sector privado.

Sería un grave error considerar que, superada la crisis económica, todo volverá a ser como antes, Si no aprendemos de los errores del pasado, volveremos a sufrir los mismos o similares problemas en el futuro.

En el ámbito de la Administración Pública, el Plan urge a acometer reformas estructurales en dos direcciones complementarias: la mejora de los ingresos sin que ello suponga exigir más sacrificios a ciudadanos y a empresas, y la mejora de la eficiencia del sector público, por un uso racional y responsable de los servicios públicos y una mayor concienciación en la lucha contra la economía irregular.

El principal objetivo del PERM es impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad en la Región de Murcia, para lo cual será preciso reorientar la estructura presupuestaria de la Comunidad Autónoma que, una vez superada la crisis económica y alcanzado un nivel suficiente de creación de empleo, debe permitir pasar de una proporción actual de 90/10 en el peso de las de políticas de Bienestar Social con respecto a las de fomento de la actividad económica, a una de 75/25 en la dotación económica de estos conceptos. Este cambio debe ser, además, compatible con la garantía del mantenimiento de los servicios públicos, lo cual exige que la administración de los recursos públicos se realice de la forma más eficiente y responsable posible.